EL GAS "CALIENTA" LA RÍA DE FERROL
Artículo aparecido en el periódico "La Razón"
Los vecinos protestan por la apertura de una planta regasificadora que, en su opinión, pondrá en peligro la vida de 100.000 personas - La Xunta sostiene que cumple la normativa y que comenzará a operar en el mes de junio.
Los partidos políticos y la Xunta, por una vez, están de acuerdo y afirman que la seguridad está garantizada y que la empresa Reganosa, propietaria de la regasificadora, ha obtenido todos los permisos necesarios.
En cambio, los vecinos se han agrupado en el Comité Ciudadano de Emergencia, formado por más de 60 asociaciones de vecinos, para reclamar que la planta se traslade fuera de la ría y que, si no se hace, no se permita su apertura, prevista para el mes de mayo. Denuncian que está muy cerca de Mugardos y una avería en la planta sería catastróofica para las 100.000 personas que viven en los alrededores de la compañía.
Por ello, han intentado impedir su apertura por todos los cauces posibles. Han recurrido a los medios de comunicación, han interpuesto varias demandas, que han sido rechazadas en primera instancia, e incluso han intentado ponerse en contacto con la Casa Real para informarles de la situación.
Aún así, a pesar de que los avances no son muchos, siguen empeñados en su lucha y no van a decaer en el esfuerzo. Carlos Lareo, miembro del comité ciudadano y enfermero del 061, denuncia que la planta está muy cerca de la población y de un arsenal del Ministerio de Defensa. Para sostener esta idea se basa en una orden de Fomento por la que se expropió la parte externa del puerto por su peligrosidad. El texto, fechado el 10 de mayo de 2001, justifica la expropiación en «la posibilidad de que un buque pueda sufrir un accidente, quedando varado en el canal, con las gravísimas consecuencias que ello implicaría y que podrían llegar incluso al cierre del puerto o a impedir el paso a determinado tipo de buques».
Pruebas documentales
En defensa de sus intereses también explican que el Cuartel del Estado Mayor manifestó el 26 de agosto de 1999 que «sería conveniente que (la planta) se instalara en las proximidades del Cabo Prioriño Chico... y que para ese fin el Estado vendió a la empresa Enagas los terrenos que la Armada tenía en las proximidades del citado Cabo Prioriño». Además, el texto indica que «la instalación de la planta regasificadora podría infringir la reglamentación relativa a las zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, ya que la instalación afectaría a la zona de seguridad del arsenal militar».
Se da la circunstancia de que esta petición se produjo cuando la todavía empresa pública Enagas anunció su proyecto de planta regasificadora que, al privatizarse la compañía, no llevó adelante. Este proyecto fue retomado por Reganosa para instalar la compañía que ahora ultima los detalles para su apertura en mayo.
Lareo considera que estos dos documentos deberían servir para paralizar las obras, pero las autoridades y la justicia les han quitado la razón. Además, después de hacer numerosas consultas, el Estado Mayor aceptó la instalación de la planta cerca del arsenal.
Sin embargo, Lareo considera que todas las decisiones que se han tomado perjudican a la población porque «una avería en la ría podría provocar la explosión de un barco, lo que equivaldría a 50 bombas de Hiroshima y convertiría la ría en un segundo Chernóbil. Otra circunstancia agravante es que hay casas a pocos metros y que una empresa petroquímica con 280.000 metros cúbicos de sustancias tóxicas está situada también a poca distancia».
Así de tajante se manifiesta Lareo, que indica que otro problema añadido es el tamaño de los barcos, que, «en el caso de una avería, no podrían maniobrar debido a la estrechez de la ría y deberían ser reflotados, con el peligro que ello conllevaría».
Y es que está convencido de que «un incendio en un buque de estas características sería imposible de detener porque el gas no hay manera de controlarlo».
Según Lareo, otro de los aspectos colaterales de la apertura de la planta sería la esterilización de la ría porque «la regasificadora vertiría más de 300 litros de cloro al día y eso acabaría con todos los crustáceos. Esto va a dejar a 700 marisqueros y a sus familias sin trabajo».
«Tampoco cumple con la normativa autonómica porque, según el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp), «las industrias consideradas peligrosas o insalubres sólo podrán situarse, como norma general, a una distancia de 2.000 metros del núcleo más próximo de población agrupada» y «Reganosa está a sólo 800 metros de Mugardos», replica indignado.
Otro de los vecinos que más activo ha estado en los últimos años ha sido Manuel Amorín, subdirector de la Escuela de Ingenieros Navales de Serantes. Amorín tiene claro que la planta de gas es necesaria para la zona pero pide que cambien su actual ubicación porque el riesgo para la población es «enorme y creíble porque en condiciones adversas siempre ha habido problemas de buques en la ría». Por ello, propone «crear una regasificadora flotante que puede ser un barco que no tenga que entrar en la ría de Ferrol».
Según Amorín, «no necesitamos más gas. Galicia tiene la mitad de los pueblos de España y tiene energía de sobra. Aquí lo que ocurre es que hay una guerra con Cataluña».
Informar de los riesgos
Además, Amorín alega que la regasificadora de Mugardos no cumple con la normativa europea porque «se deben analizar las causas y consecuencias de los accidentes tipificados y avisar a la población de los riesgos». «Eso no lo han hecho y han comprado el silencio de muchos para callarnos y ahogarnos. No creo que se atrevan a abrir la planta regasificadora. Se juegan una querella», añadió.
Sin embargo, fuentes del sector afirman que no hay que tener ningún miedo «porque no se ha producido ningún accidente de importancia en una planta regasificadora. Sólo ha habido uno, en los años 40, cuando se comenzaba a trabajar con el gas.
Según explican, el gas licuado no se puede incendiar porque se transporta a 160 grados bajo cero en tanques crionizados situados en buques con una tecnología muy avanzada. Durante el proceso, tampoco hay posibilidad de riesgos porque el gas se deposita en dos tanques, que a su vez están compuestos por varios tanques interiores elaborados con aleaciones metálicas y de hormigón totalmente seguras.
Las mismas fuentes confirmaron que para que el gas vuelva a su estado natural hay que «calentarlo» con agua que se recoge de la ría y se depura, porque no existe en la zona una purificadora y todas las viviendas vierten sus aguas en la ría.
Una vez purificado, el gas pasa a la red nacional de gasoductos y el agua se vuelve a filtrar, para retirarle el cloro y volver a la ría. Este agua, pierde algo de temperatura durante el proceso pero sólo afecta a la zona de la ría donde se devuelve el líquido, en una zona de unos 50 metros.
De momento, ninguna de las demandas presentadas por los vecinos ha pasado del tribunal de primera instacia, aunque han sido recurridas. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en dos ocasiones, y su homónimo gallego han dado la razón a Reganosa y a la Xunta de Galicia, propietaria del 10 por ciento de la compañía.
El único revés judicial se produjo con la tramitación de la declaración de impacto ambiental, que según los tribunales debió realizarse por otros cauces. Además, la planta ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento de Mugardos, la comunidad autónoma, el Gobierno Central y la Unión Europea.
En cuanto a los controles, sólo queda que la Xunta apruebe los planes de emergencia y conceda el permiso de apertura. Los planes de la compañía -participada por Unión Fenosa y Endesa (21% cada una), Grupo Tojeiro (18%), Xunta de Galicia, Caixa Galicia y Sonatach (10%), Banco Pastor y Caixanova (5%)- es que a primeros de mayo llegue el primer buque cargado de gas licuado procedente de Argelia, que servirá para hacer las primeras pruebas antes de comenzar a alimentar de energía el ciclo combinado de las centrales de As Pontes (Endesa) y Sabón (Fenosa) a finales del próximo mes de junio.
Los vecinos protestan por la apertura de una planta regasificadora que, en su opinión, pondrá en peligro la vida de 100.000 personas - La Xunta sostiene que cumple la normativa y que comenzará a operar en el mes de junio.
Los partidos políticos y la Xunta, por una vez, están de acuerdo y afirman que la seguridad está garantizada y que la empresa Reganosa, propietaria de la regasificadora, ha obtenido todos los permisos necesarios.
En cambio, los vecinos se han agrupado en el Comité Ciudadano de Emergencia, formado por más de 60 asociaciones de vecinos, para reclamar que la planta se traslade fuera de la ría y que, si no se hace, no se permita su apertura, prevista para el mes de mayo. Denuncian que está muy cerca de Mugardos y una avería en la planta sería catastróofica para las 100.000 personas que viven en los alrededores de la compañía.
Por ello, han intentado impedir su apertura por todos los cauces posibles. Han recurrido a los medios de comunicación, han interpuesto varias demandas, que han sido rechazadas en primera instancia, e incluso han intentado ponerse en contacto con la Casa Real para informarles de la situación.
Aún así, a pesar de que los avances no son muchos, siguen empeñados en su lucha y no van a decaer en el esfuerzo. Carlos Lareo, miembro del comité ciudadano y enfermero del 061, denuncia que la planta está muy cerca de la población y de un arsenal del Ministerio de Defensa. Para sostener esta idea se basa en una orden de Fomento por la que se expropió la parte externa del puerto por su peligrosidad. El texto, fechado el 10 de mayo de 2001, justifica la expropiación en «la posibilidad de que un buque pueda sufrir un accidente, quedando varado en el canal, con las gravísimas consecuencias que ello implicaría y que podrían llegar incluso al cierre del puerto o a impedir el paso a determinado tipo de buques».
Pruebas documentales
En defensa de sus intereses también explican que el Cuartel del Estado Mayor manifestó el 26 de agosto de 1999 que «sería conveniente que (la planta) se instalara en las proximidades del Cabo Prioriño Chico... y que para ese fin el Estado vendió a la empresa Enagas los terrenos que la Armada tenía en las proximidades del citado Cabo Prioriño». Además, el texto indica que «la instalación de la planta regasificadora podría infringir la reglamentación relativa a las zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, ya que la instalación afectaría a la zona de seguridad del arsenal militar».
Se da la circunstancia de que esta petición se produjo cuando la todavía empresa pública Enagas anunció su proyecto de planta regasificadora que, al privatizarse la compañía, no llevó adelante. Este proyecto fue retomado por Reganosa para instalar la compañía que ahora ultima los detalles para su apertura en mayo.
Lareo considera que estos dos documentos deberían servir para paralizar las obras, pero las autoridades y la justicia les han quitado la razón. Además, después de hacer numerosas consultas, el Estado Mayor aceptó la instalación de la planta cerca del arsenal.
Sin embargo, Lareo considera que todas las decisiones que se han tomado perjudican a la población porque «una avería en la ría podría provocar la explosión de un barco, lo que equivaldría a 50 bombas de Hiroshima y convertiría la ría en un segundo Chernóbil. Otra circunstancia agravante es que hay casas a pocos metros y que una empresa petroquímica con 280.000 metros cúbicos de sustancias tóxicas está situada también a poca distancia».
Así de tajante se manifiesta Lareo, que indica que otro problema añadido es el tamaño de los barcos, que, «en el caso de una avería, no podrían maniobrar debido a la estrechez de la ría y deberían ser reflotados, con el peligro que ello conllevaría».
Y es que está convencido de que «un incendio en un buque de estas características sería imposible de detener porque el gas no hay manera de controlarlo».
Según Lareo, otro de los aspectos colaterales de la apertura de la planta sería la esterilización de la ría porque «la regasificadora vertiría más de 300 litros de cloro al día y eso acabaría con todos los crustáceos. Esto va a dejar a 700 marisqueros y a sus familias sin trabajo».
«Tampoco cumple con la normativa autonómica porque, según el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp), «las industrias consideradas peligrosas o insalubres sólo podrán situarse, como norma general, a una distancia de 2.000 metros del núcleo más próximo de población agrupada» y «Reganosa está a sólo 800 metros de Mugardos», replica indignado.
Otro de los vecinos que más activo ha estado en los últimos años ha sido Manuel Amorín, subdirector de la Escuela de Ingenieros Navales de Serantes. Amorín tiene claro que la planta de gas es necesaria para la zona pero pide que cambien su actual ubicación porque el riesgo para la población es «enorme y creíble porque en condiciones adversas siempre ha habido problemas de buques en la ría». Por ello, propone «crear una regasificadora flotante que puede ser un barco que no tenga que entrar en la ría de Ferrol».
Según Amorín, «no necesitamos más gas. Galicia tiene la mitad de los pueblos de España y tiene energía de sobra. Aquí lo que ocurre es que hay una guerra con Cataluña».
Informar de los riesgos
Además, Amorín alega que la regasificadora de Mugardos no cumple con la normativa europea porque «se deben analizar las causas y consecuencias de los accidentes tipificados y avisar a la población de los riesgos». «Eso no lo han hecho y han comprado el silencio de muchos para callarnos y ahogarnos. No creo que se atrevan a abrir la planta regasificadora. Se juegan una querella», añadió.
Sin embargo, fuentes del sector afirman que no hay que tener ningún miedo «porque no se ha producido ningún accidente de importancia en una planta regasificadora. Sólo ha habido uno, en los años 40, cuando se comenzaba a trabajar con el gas.
Según explican, el gas licuado no se puede incendiar porque se transporta a 160 grados bajo cero en tanques crionizados situados en buques con una tecnología muy avanzada. Durante el proceso, tampoco hay posibilidad de riesgos porque el gas se deposita en dos tanques, que a su vez están compuestos por varios tanques interiores elaborados con aleaciones metálicas y de hormigón totalmente seguras.
Las mismas fuentes confirmaron que para que el gas vuelva a su estado natural hay que «calentarlo» con agua que se recoge de la ría y se depura, porque no existe en la zona una purificadora y todas las viviendas vierten sus aguas en la ría.
Una vez purificado, el gas pasa a la red nacional de gasoductos y el agua se vuelve a filtrar, para retirarle el cloro y volver a la ría. Este agua, pierde algo de temperatura durante el proceso pero sólo afecta a la zona de la ría donde se devuelve el líquido, en una zona de unos 50 metros.
De momento, ninguna de las demandas presentadas por los vecinos ha pasado del tribunal de primera instacia, aunque han sido recurridas. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en dos ocasiones, y su homónimo gallego han dado la razón a Reganosa y a la Xunta de Galicia, propietaria del 10 por ciento de la compañía.
El único revés judicial se produjo con la tramitación de la declaración de impacto ambiental, que según los tribunales debió realizarse por otros cauces. Además, la planta ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento de Mugardos, la comunidad autónoma, el Gobierno Central y la Unión Europea.
En cuanto a los controles, sólo queda que la Xunta apruebe los planes de emergencia y conceda el permiso de apertura. Los planes de la compañía -participada por Unión Fenosa y Endesa (21% cada una), Grupo Tojeiro (18%), Xunta de Galicia, Caixa Galicia y Sonatach (10%), Banco Pastor y Caixanova (5%)- es que a primeros de mayo llegue el primer buque cargado de gas licuado procedente de Argelia, que servirá para hacer las primeras pruebas antes de comenzar a alimentar de energía el ciclo combinado de las centrales de As Pontes (Endesa) y Sabón (Fenosa) a finales del próximo mes de junio.
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